En septiembre de 1993, impulsada por el Banco Mundial, la multinacional yanqui Bechtel firmó un contrato con Hugo Banzer, presidente electo y antiguo dictador de Bolivia, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a una empresa denominada Aguas del Tunari, un consorcio empresarial formado por Bechtel (que participaba con el 27,5 %), la empresa norteamericana Edison, las empresas bolivianos A. Petricevich y S. Doria Medina, así como el consorcio español Abengoa S.A. (que participaba con el 25 %).
El consorcio anunció enormes aumentos a las tarifas de agua, provocando protestas que fueron violentamente reprimidas por la policía y que tuvieron como saldo la muerte del joven manifestante Víctor Hugo Daza, de 17 años. La indignación pública fue de tal magnitud que se generó una ola de reacciones populares: protestas masivas, tomas de carreteras y una huelga general en la ciudad de Cochabamba donde el gobierno del presidente Hugo Manzer declaró el 8 de abril el estado de sitio. La huelga general se extendió por cuatro días hasta que el gobierno prometió la retirada de los anunciados aumentos tarifarios, que en algunos casos suponían 20 dólares. En una consulta popular, en la que participaron más de 60,000 personas, se exigió la cancelación del contrato de concesión con Aguas del Tunari, lo que obligó al gobierno a rescindir el contrato con Bechtel.
Lo que se defendía en la guerra del agua era en definitiva la idea de que el agua es vida y no mercancía
Las y los manifestantes en la guerra del agua salieron a las calles de Cochabamba para dejar claro que el agua no es mercancía, porque las fuentes de agua, los sistemas de agua potable y alcantarillado, son bienes de dominio público que deben ser administrados por el Estado a través de empresas de carácter público que cobren sólo por los costes de mantenimiento y la mejora del servicio, y que compatibilicen la rentabilidad con objetivos sociales y ambientales.
He podido conocer estos días el trabajo de la Fundación Solón, que lucha porque el recurso del agua, en todos sus usos, salga de todo acuerdo comercial (ALCA, GATS, OMC, TLCs) y de las políticas de las multilaterales que condicionan la otorgación de créditos o la condonación de la deuda a la privatización de los servicios del agua.
En Solón reivindican que las inversiones necesarias para proveer de agua al ser humano en todo el mundo deben provenir de la disminución de los presupuestos militares o de las descomunales políticas de subvención agrícolas en los países desarrollados. Lo que buscan es la elaboración de instrumentos jurídicos internacionales que reconozcan al agua como un bien común al que todos deben tener derecho.
Confían, también, en que los métodos aplicados hasta el momento sean efectivos, pues Bolivia se ha convertido en pocos años en uno de los líderes mundiales en la lucha contra la privatización del agua. El éxito alcanzado en la Guerra del Agua, en la lucha contra la exportación de agua a Chile y la construcción del primer Ministerio del Agua del Hemisferio encargado de construir una empresa pública así lo demuestran.
La foto la comparte scropy en flickr
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